La epopeya de la foralidad vasca y navarra (VOL 1): Jaime Ignacio del Burgo

La cuestión foral surge como consecuencia de la Constitución de 1812, que estableció un régimen unitario y centralizador incompatible con la foralidad de Navarra y de las Provincias Vascongadas. La Ley abolitoria de los Fueros vascongados de 1876 produjo una gran frustración y pronto surgió el anhelo de conseguir la reintegración foral. En Navarra, a finales del siglo XIX también comienza idéntico sentimiento por considerar insatisfactoria la Ley Paccionada de 1841, que sentó las bases del actual régimen foral.
Fracasados todos los intentos de lograr este objetivo común en las postrimerías del siglo XIX y principios del XX, fue la Constitución española de 1978 la que pondría punto final a la cuestión foral. Reconoció los derechos históricos de los territorios forales y abrió a cada uno de ellos la puerta de la reintegración foral. Sólo Navarra cogió la llave y negoció con el Estado un nuevo pacto que se incorporó al ordenamiento jurídico mediante la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 1982. Ni Alava, ni Guipúzcoa ni Vizcaya lo hicieron. El País Vasco optó por crear en 1979, en el marco de la Constitución española, una Comunidad Autónoma cuyo sujeto estatuyente es el “pueblo vasco” o Euskal Herria, del que emanan los poderes del País Vasco o Euskadi.
De modo que el grave contencioso político que se inició en 1812 encontró su solución en la Constitución de 1978 con un resultado desigual. La cuestión foral concluyó en Vascongadas con la derrota en 1979 de la foralidad histórica a manos de la autonomía constitucional y con la victoria en Navarra de la reintegración foral en virtud del Amejoramiento de 1982.